De acuerdo a las cifras oficiales dadas a conocer por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), se evidenció que la suplantación de identidad, el autofraude y el robo o hurto de tarjetas de crédito y débito son los tres ilícitos más comunes en la banca, aumentado, en total, un 140% en 2023 en relación al 2022, dando cuenta que las pérdidas asociadas a fraudes externos llegaron a $244.396 millones el año pasado.

Eduardo Hernández, Gerente Legal de ALTO Chile, empresa especializada en la disminución de delitos, explicó que “como sabemos, los casos de fraude bancario comenzaron a aumentar paulatinamente desde la entrada en vigencia de la Ley Nº 21.234 que en el mes mayo del 2020 modificó la Ley Nº20.009, limitando la responsabilidad de los titulares o usuarios de tarjetas de pago y transacciones electrónicas”.

No obstante, con el proyecto de ley que regula el sobreendeudamiento ya aprobado y despachado recientemente por el Congreso, entre otras materias, se modificarán las exigencias para los usuarios que buscan desconocer operaciones transaccionales justificadas por fraude u otro delito establecido en la ley. Así, la principal medida disuasiva para combatir el autofraude -comprendida en el texto aprobado-, exige al usuario efectuar la denuncia por el delito del que ha sido víctima y acompañar el comprobante de esta dentro del plazo de 5 días, con el que cuenta la institución bancaria para materializar la devolución del monto correspondiente a la operación desconocida.

Hernández agrega que, si bien existe la posibilidad de activar de forma complementaria una persecución penal dirigida en contra del autor del autofraude, esta no estará ajena de complejidades Desde su mirada experta es “absolutamente necesario contar con un equipo especializado en casos complejos, que además cuente con el apoyo de tecnología basada en la analítica de datos. Esto permite maximizar el volumen de la muestra de las operaciones transaccionales desconocidas por los usuarios enriqueciendo la base de datos e identificar patrones de conducta que permitan desplegar acciones judiciales focalizadas con el propósito de aumentar las tasas de éxito de resultados legales”.

Por último, explicó que cada institución requiere acciones específicas y diseñadas a la medida para perseguir estos delitos y que el éxito de estas permite desincentivar la comisión de nuevos fraudes.