Por Mauricio Serrano, director de Veganuary Latinoamérica
Muchas veces el Estado es uno de los últimos actores en poner en acción los cambios socioculturales o ambientales que se dan, y que requieren procesos adaptativos de los diferentes sectores, para enfrentarlos y estar a la altura de las nuevas necesidades sociales o ambientales que se generan, muchas de ellas urgentes, ante las posibles afectaciones de la población en conjunto.
Hoy vivimos una crisis climática mundial, y Chile no está ajeno a esta realidad, ya que vemos nuestro territorio afectado, con medidas asumidas por el sector privado, la sociedad civil organizada y ahora último el Estado mediante instituciones públicas, con metas de mitigación y adaptación a largo plazo, buscando reducir la vulnerabilidad y aumentando la resiliencia a los efectos adversos del cambio climático.
Lamentablemente, a diferencia del sector privado, hemos visto cómo las instituciones públicas del país desatienden o ignoran las iniciativas de promoción de una alimentación que reduzca el efecto nocivo del cambio climático, revelando un conflicto existente al momento de buscar aplicar medidas de promoción o fomento de una alimentación amigable con el medioambiente.
La alimentación vegana es la que se alza como beneficiosa para enfrentar el cambio climático, promovida por la misma Organización de las Naciones Unidas -de la que somos país miembro- que, en su Guía de Acción Climática, con punto en la alimentación, señala: Entender el impacto de nuestro sistema alimentario en el planeta es tanto un área de concienciación y como una oportunidad importante para mitigar el cambio climático. Hoy en día, nuestro sistema alimentario genera un tercio del total de las emisiones de efecto invernadero, más que el sector mundial de la aviación, indicando además que la alimentación vegana puede reducir la huella de carbono anual de una persona hasta 2,1 toneladas o hasta 1,5 toneladas para una vegetariana.
La alimentación en base a productos de origen animal tiene un impacto negativo en el planeta, tanto por los gases de efecto invernadero que producen, el excesivo consumo de agua potable que se necesita, como el excesivo uso de terreno agrícola que ocupa, pero hemos evidenciado que ante esta información por parte de las instituciones del estado, aquellas no aplican medidas de promoción o fomento para la reducción del consumo de carne, iniciativas como #MiMenuVegano de Animal Libre o el #EneroVegano de Veganuary, aún no son aplicadas en plenitud ante la evidencia de lo positivo de ambas.
Han habido acercamientos en cuanto a este tipo de iniciativas y el aparato estatal, la ONG Animal Libre, que lleva más de 6 años buscando que JUNAEB integre un Menú Vegano en el PAE, podría ver humo blanco este año finalmente, asimismo la iniciativa del Enero Vegano, que tuvo a su primera Municipalidad siendo parte, la de Constitución y Viña del Mar, que se animaron a incentivar la alimentación vegana durante este primer mes del año en sus ciudades, junto decenas de diputadas y diputados que también se han unido, con muchos de estos reduciendo su consumo de carne o derechamente dejándola para siempre.
El aparato estatal debe aplicar estos casos de éxito, en totalidad y plenitud, aún más cuando existen áreas especializadas en cambio climático y sostenibilidad, que necesitan incorporar ahora, nuevas políticas públicas amigables con el planeta y sus habitantes.
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